Sevilla recibirá casi 17 millones para reparar 224 caminos y regadíos por borrascas
El ejecutivo andaluz movilizará 16,9 millones de euros en la provincia para restaurar 181 vías rurales y 43 infraestructuras de riego afectadas por los temporales que azotaron la región entre finales de 2025 y principios de 2026.
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La provincia de Sevilla se sitúa entre las principales beneficiarias del plan de emergencia que la Junta de Andalucía ha ampliado para reparar los daños provocados por las sucesivas borrascas en el campo andaluz. En total, el territorio sevillano concentrará 224 actuaciones: casi 9 millones de euros irán destinados a 181 acciones de mejora en caminos rurales, mientras que otros 8 millones de euros financiarán 43 intervenciones en infraestructuras de regadío. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta ampliación del plan de actuación, cuya dotación corre a cargo íntegramente de los fondos autonómicos.
Las intensas precipitaciones registradas a finales de 2025 y principios de 2026 dejaron un rastro de deterioro en las vías agrícolas y en las redes de riego colectivo de toda Andalucía. El mal estado de los caminos rurales ha complicado la logística de las explotaciones al impedir el transporte de cosechas y el acceso de maquinaria esencial, lo que amenaza con paralizar la actividad agraria en amplias zonas de la comunidad. Además, los daños estructurales en los sistemas de riego han puesto en riesgo la eficiencia hídrica, un factor clave para evitar el abandono de cultivos.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha incorporado nuevas obras al plan tras los trabajos de revisión realizados en el campo por parte de los técnicos de las delegaciones territoriales, que han verificado sobre el terreno el alcance de los desperfectos y el cumplimiento de los requisitos para su inclusión en la planificación de emergencia.
Un plan regional de más de 82 millones de euros
La envergadura del programa se extiende a toda Andalucía. La planificación ampliada contempla ya 1.502 actuaciones en caminos rurales, cuya adjudicación conlleva una inversión pública total de 67,7 millones de euros. Si se suman los fondos reservados para infraestructuras de riego, la cifra global del plan de emergencia supera los 82 millones de euros, financiados en su totalidad por el gobierno autonómico.
Reparto provincial en caminos rurales
El desglose por provincias revela una distribución que atiende a la magnitud de los daños en cada territorio. Jaén encabeza la inversión en caminos con cerca de 14 millones de euros para 257 intervenciones, seguida de Huelva con 12,7 millones de euros y 232 actuaciones. Córdoba recibirá 11,4 millones de euros para 244 acciones, mientras que Málaga contará con más de 9,5 millones de euros repartidos en 206 actuaciones. Sevilla, con sus casi 9 millones de euros para 181 mejoras, se coloca en el quinto puesto, por delante de Cádiz, que dispondrá de casi 7 millones de euros para 127 actuaciones, y Granada, con 4,2 millones de euros destinados a 255 intervenciones.
Infraestructuras de riego en seis provincias
El capítulo destinado a reparar las redes de riego colectivo alcanza los 14,6 millones de euros en el conjunto de Andalucía, repartidos en 149 actuaciones distribuidas en seis provincias. Sevilla absorbe la mayor parte de esa partida: 8 millones de euros para 43 actuaciones en regadíos. Granada recibirá 3,2 millones de euros para 42 obras, Cádiz dispondrá de 1,5 millones de euros para 21 intervenciones y Jaén contará con otros 1,5 millones de euros para 29 mejoras. Málaga cierra la lista con algo más de 326.000 euros repartidos entre 14 comunidades de regantes.
Restaurar la actividad agraria
La iniciativa persigue restablecer las conexiones viarias y los sistemas de distribución de agua que resultan esenciales para el funcionamiento diario de las explotaciones agrícolas. La restauración de caminos busca devolver la accesibilidad que permite trasladar las cosechas y acercar la maquinaria a las fincas, mientras que la reparación de los regadíos pretende garantizar un uso eficiente del agua y frenar el posible abandono de cultivos en zonas donde la agricultura constituye el principal motor económico.