TSJA alerta de sobrecarga judicial en Sevilla y pide reforzar unidades en 8 municipios
La memoria anual del máximo órgano judicial andaluz constata que la mayoría de partidos judiciales de la provincia trabajan por encima de los índices de referencia, con especial presión en localidades como Lebrija, Lora del Río o Morón de la Frontera.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha constatado en su memoria anual de 2025, publicada este domingo, que la carga de trabajo en la provincia de Sevilla "supera los índices de referencia en la mayoría de los partidos judiciales". La situación resulta especialmente acusada en Lebrija, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor en el orden civil, mientras que en el ámbito penal es Morón de la Frontera la que registra mayor tensión.
Ante ese diagnóstico, el alto tribunal "pone de manifiesto la necesidad de ampliar unidades judiciales" en ocho partidos de la provincia: Alcalá de Guadaíra, Carmona, Coria del Río, Lebrija, Lora del Río, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor y Utrera. La petición, dirigida a las administraciones competentes, responde a la sobrecarga de trabajo constatada en esas demarcaciones.
Cabe recordar que la provincia sevillana cuenta con 42 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que, desde el 1 de julio de 2025, fueron transformados en 14 Tribunales de Instancia con Sección Única civil y de instrucción. Esa reorganización no ha logrado, sin embargo, aliviar la presión sobre los partidos judiciales más saturados.
Radiografía de la justicia andaluza en 2025
En el conjunto de Andalucía, el TSJA gestionó 416.650 asuntos ingresados durante 2025 -sin contar jurisdicción voluntaria-, lo que representa un dos por ciento menos que el año anterior. Frente a esa entrada, los órganos judiciales resolvieron 397.534 casos, un seis por ciento más que en 2024.
Pese al incremento en la capacidad de resolución, la bolsa de asuntos pendientes creció hasta los 314.618, un cuatro por ciento más que el ejercicio precedente. El tribunal dispone de 217 órganos judiciales con competencias compartidas en materia civil y de instrucción para atender ese volumen de trabajo en toda la comunidad autónoma.