Un guardia civil y su excuñado, a juicio por vender datos de tráfico a una agencia privada
La Audiencia Provincial constituirá mañana el jurado popular que juzgará a ambos acusados por acceder a bases de datos policiales entre julio y septiembre de 2023.
La Audiencia Provincial de Sevilla acogerá a partir de mañana viernes el juicio con jurado popular contra un guardia civil y su excuñado, acusados de presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. El agente habría "facilitado datos" relativos a distintos vehículos consultando diferentes bases de tráfico a las que tenía acceso por su cargo "a cambio de beneficio económico", según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público. Los hechos se produjeron entre el 27 de julio y el 21 de septiembre de 2023.
El guardia civil mantenía una relación de amistad con su excuñado, quien había estado casado con su hermana hasta el año 2005 y realizaba "trabajos remunerados para una agencia de investigación". El agente era consciente de que su excuñado "fuese consciente de que el Guardia Civil por razón de su cargo como agente de la autoridad tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico", según señala la Fiscalía. Para su labor investigadora, el excuñado requería conocer detalles de tráfico de diferentes vehículos, tales como titulares o matriculación de ITV, información que solicitó al guardia civil "a cambio de remuneración económica".
El Ministerio Público subraya que los agentes "solo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Pese a ello, "siendo el agente consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello", recoge el escrito de acusación.
Para encubrir su actividad irregular, el guardia civil recurrió en varias ocasiones a otros compañeros de la Benemérita. "De hecho, para tratar de ocultarse en varias ocasiones, acudió a otros compañeros agentes de Guardias Civiles, a los que les pedía que les facilitara la información requerida y que desconocían el fin ilícito último de los datos que le daban", detalla la acusación pública. Estos agentes intermediarios facilitaban la información sin conocer que sería utilizada con fines ajenos a las funciones policiales.
La Fiscalía solicita para el guardia civil un total de siete años de prisión: cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por el delito de cohecho pasivo, además de tres años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y el pago de una segunda multa de 3.600 euros por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Para el excuñado, el Ministerio Público reclama cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por un presunto delito de cohecho activo.
Desarrollo del proceso judicial
El juicio arrancará mañana viernes con la constitución del jurado popular, seguida de la presentación de las alegaciones previas por parte de las defensas y la acusación. Posteriormente, el día 23 de marzo comparecerán los testigos, los peritos y los dos acusados, en sesiones previstas de mañana y tarde. "A juicio del Ministerio Público, los hechos son constitutivos de presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y de cohecho activo", concluye el escrito de acusación.
Antecedentes en la provincia
El caso no constituye un episodio aislado en la provincia. En marzo de 2024, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a un teniente de la Guardia Civil a ocho años y diez meses de cárcel por cohecho, tráfico de drogas en grado de tentativa y hurto, además de imponer una multa de 1.500.000 euros. Aquel oficial había obtenido dinero de narcotraficantes a cambio de información policial y hurtado dinero y hachís de la Comandancia.
El delito de revelación de secretos por funcionario público está tipificado en el artículo 198 del Código Penal, de acuerdo con la legislación vigente. Se configura cuando una autoridad o funcionario público, sin causa legal y fuera de los supuestos permitidos por la ley, lleva a cabo cualquiera de las conductas consideradas revelación de secretos. El acceso no autorizado a bases de datos protegidas con fines lucrativos personales supone una infracción grave de los deberes inherentes a la función pública.