La Junta garantiza apoyo a la familia de Sandra Peña para evitar más casos de acoso

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, se reunió este miércoles con los familiares de la menor sevillana que presuntamente se quitó la vida en octubre tras sufrir bullying. Durante su atención a los medios en Sevilla, la titular autonómica reiteró el compromiso del ejecutivo andaluz para que "situaciones como esta no deben volver a repetirse" y expresó que "frente al acoso tenemos que estar todos implicados, no solo los centros educativos".

El presunto suicidio de Sandra Peña, de 14 años, se produjo el 14 de octubre, un hecho que sacudió a la sociedad sevillana y desencadenó una oleada de movilizaciones estudiantiles. La investigación posterior reveló que el centro Irlandesas Loreto no activó los protocolos antiacoso y antisuicidio, según ha concluido la Junta de Andalucía. La consejera subrayó la dificultad del momento que atraviesa la familia: "Cuando ocurre algo así, es muy difícil el consuelo. Perder un hijo es lo peor que le puede pasar a una persona, así que cualquier tipo de apoyo que se le pueda dar --a la familia--, es importante".

Isaac Villar, tío de la menor y portavoz de la familia, confirmó que tras el encuentro del miércoles "se mantienen todas las vías abiertas". El familiar trasladó que desde el gobierno autonómico "nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren". Además, agradeció "el cariño que están recibiendo de la sociedad".

Querella contra el colegio Irlandesas Loreto

La familia presentó el viernes pasado una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y su personal docente, documento que ha sido admitido a trámite por el juzgado. Los familiares consideran que el profesorado está "implicado" en los hechos y señalan "sin lugar a dudas" la "falta" de actuación de los profesionales del centro educativo.

La querella incluye acusaciones por homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante. Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes: uno de reforma juvenil contra presuntos acosadores y otro de supervisión de menores. La consejera explicó que la administración debe "esperar a que la autoridad judicial se pronuncie" y precisó: "Estamos a la espera de las conclusiones --de la investigación por parte de la Fiscalía--. La vía administrativa está abierta, pero actualmente se encuentra en suspenso hasta que se resuelva el procedimiento judicial. Tal y como trasladamos a la familia, actuaremos hasta donde nos permita la normativa".

Por su parte, la dirección del colegio privado concertado ha solicitado "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa".

Congreso nacional contra el acoso en Córdoba

El ejecutivo andaluz organizará los próximos 29 y 30 de enero en Córdoba el Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital 'Andalucía frente al acoso'. Este encuentro contará con la participación de medios de comunicación, redes sociales, Fiscalía, jueces, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil y alumnado. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 99.000 euros destinados específicamente a la lucha contra el acoso.

La iniciativa busca abordar de manera integral el fenómeno del bullying en un contexto donde las nuevas tecnologías han amplificado sus consecuencias. La consejera insistió en que la lucha contra el acoso escolar requiere la implicación de todos los sectores sociales, no únicamente de las instituciones educativas.

Movilización estudiantil masiva

A finales de octubre, miles de estudiantes respondieron a la convocatoria del Sindicato de Estudiantes para acabar "con el monstruo del bullying". Las manifestaciones se extendieron por 55 ciudades de España, acompañadas de una huelga estudiantil que evidenció el clamor social por erradicar el acoso en las aulas.

Estas movilizaciones reflejaron el impacto del caso en la comunidad educativa y la exigencia de medidas efectivas para prevenir nuevas tragedias. La respuesta ciudadana ha servido de respaldo a la familia en su búsqueda de justicia y de impulso para que las administraciones refuercen los protocolos contra el acoso escolar.