
La nueva oferta de empleo público convocada por la Junta de Andalucía incluye 2.568 plazas en turno libre, que representa el 75% del total, mientras que las 856 restantes se destinarán a promoción interna. Esta distribución responde al compromiso del Gobierno andaluz de mantener la tasa de temporalidad en la administración regional por debajo del 8%.
Las plazas de acceso libre se dividen en 976 de personal funcionario, 1.526 de personal laboral y 64 de laboral indefinido no fijo. Por su parte, las plazas reservadas para promoción interna comprenden 602 para personal funcionario y 254 para personal laboral.
La oferta se ha elaborado conforme a la tasa de reposición establecida en los presupuestos prorrogados de 2023 del Gobierno de España, e incluye las plazas temporales del primer semestre de 2025 que la administración autonómica está incorporando a su estructura permanente.
En el apartado de personal funcionario, que suma un total de 1.578 plazas, se crearán nuevos cuerpos y especialidades en áreas estratégicas. Entre ellas destacan régimen jurídico, prevención y extinción de incendios, prevención de riesgos laborales, ingenierías, ciencias sociales y del trabajo, ampliando así el abanico de perfiles profesionales en la administración.
El grueso de plazas se concentra en el personal laboral, con 1.844 puestos repartidos entre 1.526 de acceso libre, 64 de laboral indefinido no fijo y 254 de promoción interna. Estos puestos cubrirán fundamentalmente ámbitos como docencia, servicios sociales y sanitarios, sectores que requieren una mayor dotación de recursos humanos estables.
La Oferta de Empleo Público mantiene el compromiso de integración laboral de las personas con discapacidad, reservando un total de 343 plazas específicas. De ellas, 65 corresponden al turno de discapacidad intelectual y 35 están destinadas a personas con enfermedad mental, garantizando así la inclusión de colectivos con necesidades especiales de apoyo en el acceso al empleo público.
Esta distribución responde a las políticas activas de empleo que la administración andaluza viene desarrollando para facilitar la incorporación de personas con diferentes capacidades a la función pública, promoviendo entornos laborales diversos e inclusivos.