Patrimonio pone reparos a la recalificación de San Bernardo para 190 viviendas

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico dictaminó este miércoles que el proyecto para levantar 190 viviendas en una parcela del barrio de San Bernardo, junto a la antigua estación de Cádiz, no se ajusta a las normas urbanísticas vigentes en la zona. Un día después, este jueves, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Sevilla se convirtió en escenario de un duro cruce de acusaciones entre el Grupo Socialista y el equipo de gobierno a cuenta de la recalificación de ese suelo, propiedad de la Junta de Andalucía y originalmente destinado a edificios administrativos.

El órgano dependiente del ejecutivo andaluz concluyó que, "aunque es compatible con el mantenimiento del carácter del conjunto histórico, el estudio de ordenación no cumple las determinaciones contempladas de alturas, alineaciones y simetría con las edificaciones del Plan Especial de Protección del Sector 20 'Estación de San Bernardo'". La Comisión instó a los promotores a que "se proceda, en su caso, a la correspondiente modificación y, además, se deberá contemplar en el documento cautelas arqueológicas".

El informe de Patrimonio añade un obstáculo significativo a una operación que ya acumulaba críticas políticas. En abril de 2025, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente había emitido un informe ambiental estratégico favorable, aunque referido a una propuesta distinta: 130 viviendas de cuatro, cinco y siete plantas. El proyecto actual eleva esa cifra hasta las 190 viviendas.

El PSOE cuestiona el procedimiento y los beneficios

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, calificó la operación como un "procedimiento dudoso" y denunció que en el expediente "no se exija viviendas públicas". El exconcejal de Urbanismo argumentó que "no parece lógico que un suelo público, propiedad de la Junta de Andalucía, si no necesita ese edificio administrativo, se vaya a destinar, precisamente, a renta libre, a viviendas de lujo".

Muñoz puso cifras al debate y cuestionó a quién beneficia la operación: "Parece que la Junta va a tener 40 millones de euros de beneficios y la promotora, más de 90 millones. ¿Me quiere decir qué es lo que va a ganar la ciudad? Porque en el expediente, no ha exigido ni el 10 ni el 30 por ciento de vivienda protegida".

El portavoz socialista aludió además a un informe de los técnicos de Urbanismo del propio consistorio que, a su juicio, evidencia que el Ayuntamiento "está utilizando un trámite rápido y de menor rango: un atajo legal muy arriesgado". También trazó un patrón con otras actuaciones urbanísticas del actual equipo de gobierno: "No en vano, en Jardines de Hércules triplicaron la edificabilidad, de 3 a 10 plantas, y el beneficio público no aparece, y en la calle Jerusalén, pasan de 2 a 13 plantas, luego, ¿qué gana la cuidad?".

La réplica del alcalde

El alcalde José Luis Sanz defendió la recalificación con el argumento de que recupera un solar "vacío más de 20 años" y reportará "compensaciones por encima de la ley". En su intervención durante el Pleno, el regidor aseguró que "no cuestionamos que otra Administración nos solicite un cambio de uso del suelo, siempre, por supuesto, con las contraprestaciones que establece la ley y con un beneficio para todos los sevillanos".

Sanz respondió a las críticas sobre vivienda protegida con un dato concreto: 6.134 viviendas protegidas "que estarán en construcción cuando acabe este mandato". Y cargó contra la gestión del anterior gobierno municipal: "En suelos privados también estamos haciendo vivienda protegida. Mientras estuvo el PSOE gobernando en la ciudad --en clara alusión a la etapa de Muñoz como delegado de Urbanismo-- hicieron 83 VPO".

Un solar con más de dos décadas de abandono

La parcela objeto del debate lleva más de 20 años sin uso, según los datos esgrimidos por el Gobierno local. Su calificación original preveía la construcción de edificios administrativos de la Junta de Andalucía, un proyecto que nunca se materializó. La operación de cambio de uso convierte ese suelo público en residencial para 190 viviendas de renta libre, lo que ha abierto una doble controversia: la relativa a la protección patrimonial del entorno y la que afecta al modelo de política de vivienda.

Los reparos de la Comisión de Patrimonio obligan ahora a los promotores a revisar alturas, alineaciones y simetría respecto al Plan Especial de Protección del Sector 20, además de incorporar cautelas arqueológicas, antes de que el proyecto pueda avanzar.