El alcalde de Sevilla ha solicitado la anulación de la compraventa de la parcela de Emvisesa situada en Pino Montano Norte, operación que se encuentra bajo investigación judicial. José Luis Sanz ha anunciado en el Pleno municipal una auditoría exhaustiva de todas las transacciones realizadas por la empresa municipal de vivienda durante los últimos ocho años. El regidor también ha confirmado que mantendrá una reunión con los empresarios del Burger King que ocupa parte del terreno para que se personen en la causa judicial.
Un funcionario de Emvisesa recibió un pago de 78.650 euros procedente de la empresa de la mujer de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, tras la operación urbanística. El Juzgado de Instrucción número 10 investiga la enajenación de la parcela en relación con posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque la juez no ha imputado a nadie por el momento.
El primer edil ha defendido la investigación interna iniciada por la empresa municipal y la suspensión provisional de empleo del trabajador implicado. El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, ha cuestionado en el Pleno la reducción del precio de venta del terreno en 2024, que pasó de 1,9 millones a 1,5 millones de euros. "Ha conseguido venderla con una reducción importante en un contexto de precios alcistas", indicó el edil socialista, quien recalcó que en la comisión ejecutiva que adjudicó la venta en junio de 2024 "no había ningún miembro del Partido Socialista".
Sanz ha justificado que para la tasación del polémico terreno se realizó "una doble comprobación" que fijó un precio mínimo de 1,2 millones de euros. El responsable municipal ha explicado la reducción del precio ante "la quiebra técnica de la empresa", según sus declaraciones. El alcalde ha enfatizado que esta operación "no está siendo objeto de investigación".
El regidor también ha señalado que la parcela sufrió una primera rebaja en 2019 del 40% hasta los 1,9 millones de euros. La defensa del gobierno municipal se centra en demostrar que los procedimientos de tasación fueron correctos y que las rebajas respondieron a criterios técnicos objetivos, en un contexto de dificultades financieras de la empresa pública.