El Gobierno aprueba una OEP de 37.017 plazas sin aval sindical

La convocatoria, la mayor apuesta por la digitalización de la Administración con 1.700 puestos vinculados a la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, ha sido aprobada este martes tras semanas de secretismo sobre las cifras que han dinamitado la negociación con los sindicatos.

SEVILLA | Redacción LVS
El Gobierno aprueba una OEP de 37.017 plazas sin aval sindical

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 con un total de 37.017 plazas, de las cuales 27.232 corresponden a la Administración General del Estado (AGE). El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, presentó la convocatoria en la rueda de prensa posterior al Consejo defendiendo un cambio de modelo que, aseguró, responde a las necesidades reales del país y no a la mera reposición de efectivos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sin embargo, ha rechazado frontalmente una OEP aprobada sin su respaldo, denunciando una "falta de transparencia" y de "respeto absoluta" por parte del Ejecutivo.

El desglose de la oferta sitúa la digitalización como eje vertebrador. Por primera vez, 1.700 de los puestos convocados se destinan a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e incorporarán perfiles especializados en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y ciencia del dato. La diferencia entre las nuevas incorporaciones y las jubilaciones previstas arroja un saldo positivo de 6.200 empleos netos, y el Ejecutivo ha anunciado además un incremento del 30% en la oferta de áreas que considera estratégicas, como la gestión de migraciones, la ciberseguridad y la atención ciudadana.

A esas cifras se suma una convocatoria extraordinaria de 346 plazas destinadas al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para hacer frente a la emergencia climática. López defendió que la tecnología debe servir para "transformar empleos y no a destruir empleos" y argumentó que la oferta "no está hecha en función de cuántas bajas tienes, cuántas altas te pongo, sino de qué prioridades tiene el país".

El choque con los sindicatos

El conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales no es nuevo, pero ha alcanzado su punto más tenso en las últimas semanas. Las negociaciones previas saltaron por los aires el pasado 22 de abril, cuando Función Pública se negó a poner cifras sobre la mesa en la última reunión técnica con los representantes de los trabajadores. Desde entonces, el Ejecutivo mantuvo los datos de la OEP en secreto hasta el propio día de su aprobación.

CSIF ha acusado al ministro López de haber secuestrado la información para "vender" su propia versión ante los medios y evitar así el desgaste público. El sindicato sostiene que "la Administración debe crear empleos, no destruirlos" y reclama una oferta que ataje de raíz lo que considera una crisis estructural profunda de la plantilla. Los sindicatos insisten en que los efectivos siguen envejecidos pese a que el Gobierno defiende haber reducido la edad media por debajo de los 50 años, y advierten de que no se trata de "crecer por crecer", sino de responder a necesidades reales de los servicios públicos.

El Ejecutivo, por su parte, ya había anticipado que se habían alcanzado "cifras muy similares" a las de ejercicios anteriores y que no tenía sentido "seguir creciendo eternamente", tratando de rebajar las expectativas de los agentes sociales antes del anuncio definitivo.

Servicios públicos al límite

La tensión entre ambas partes se enmarca en un contexto de presión creciente sobre varios servicios esenciales de la Administración. El proceso masivo de regularización de migrantes ha desbordado en los últimos meses las oficinas de Extranjería y del Ministerio del Interior, con largas colas e improvisación. El propio López reconoció este martes que la gestión de migraciones es un área prioritaria a reforzar.

Paralelamente, organismos críticos para el Estado del bienestar como el SEPE y la Seguridad Social continúan trabajando al límite de su capacidad, según denuncia CSIF. A ello se añade la reciente entrada en vigor de la jornada de 35 horas semanales, que merma el tiempo efectivo de atención al ciudadano y exige, a juicio de los sindicatos, un refuerzo de las plantillas para cubrir los turnos.

Comparativa con convocatorias anteriores

La OEP de 2026 supone un ligero repunte respecto a las 36.588 plazas aprobadas en 2025, ejercicio que ya registró una caída de casi un 9% frente al récord histórico de 40.146 puestos alcanzado en 2024. CSIF rechazó también aquella convocatoria de 2025 al considerar que destruía la creación de empleo neto, un argumento que el sindicato mantiene para la oferta recién aprobada y que augura una nueva ronda de tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los representantes de los funcionarios.