Suspendido sin fecha el juicio contra la forense acusada de menoscabar la integridad de las víctimas

El Ministerio Público solicita tres años de prisión y otros tres de inhabilitación especial para empleo o cargo público para una forense de Sevilla que se enfrenta a tres delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos. La vista oral, que debía celebrarse este miércoles en la capital andaluza, ha quedado aplazada sin nueva fecha después de que tanto la Fiscalía como el tribunal considerasen necesario suspenderla para revisar íntegramente la causa y pronunciarse sobre las alegaciones formuladas en las cuestiones previas.

La relación profesional entre la forense y las presuntas víctimas de agresión sexual se desarrollaba en un contexto de marcada asimetría, al ocupar la acusada una posición de poder frente a personas que acudían a ella en situación de especial vulnerabilidad. El escrito de acusación del Ministerio Público detalla que la funcionaria realizaba continuos juicios de valor durante los reconocimientos a estas mujeres, un comportamiento que habría provocado graves consecuencias en varias de ellas.

La celebración de la vista oral ya había sufrido varios aplazamientos. La causa estaba señalada originalmente para noviembre de 2025, fue reprogramada para el viernes 12 de mayo y finalmente se fijó para la jornada de hoy, cuando ha vuelto a quedar en suspenso. La paralización responde a cuestiones procesales planteadas por la defensa de la acusada, que alegó un posible quebrantamiento del derecho al juez predeterminado por la ley y diversas irregularidades detectadas durante la fase de instrucción.

Los hechos que recoge la acusación

La Fiscalía sostiene que la forense criticaba de forma reiterada la vestimenta o el comportamiento de las presuntas víctimas. En concreto, el escrito del Ministerio Público recoge que "la acusada reiteraba, críticas hacia la vestimenta o el comportamiento de las presuntas víctimas, dándoles a entender que habían consentido de forma implícita el acto sexual o que con su conducta habrían provocando el mismo".

Además, la acusación pública señala que la profesional "restaba credibilidad a su historia y las hacía sentir culpables de lo que había ocurrido, así como de las consecuencias legales que podría acarrear una denuncia a los presuntos autores de los hechos y sus familias". Este comportamiento generaba en las entrevistadas "un enorme desasosiego por la situación de especial vulnerabilidad en la que se hallaban, incrementando el malestar de las mismas".

El relato fiscal apunta a que la actitud de la forense tuvo un impacto directo en el acceso de las víctimas a la justicia: algunas de ellas llegaron a desistir de interponer una denuncia formal "al verse cuestionadas y menospreciadas" por los comentarios de la acusada.

La versión de la acusada

Tras conocer el aplazamiento de la vista, la forense defendió su inocencia y aseguró que "no le he hecho nada malo nunca a nadie y he tratado a todo el mundo con delicadeza". La profesional reivindicó su "rigor científico" e insistió en que se había comportado "de la manera más correcta posible" con las víctimas a lo largo de su carrera.